| UN
LLAMADO URGENTE DE SOLIDARIDAD
La Comunidad de Paz de San José de Apartadó quiere
dejar constancia de su rechazo a las declaraciones hechas por el
Presidente Alvaro Uribe el día 27 de mayo de 2004 en el
municipio de Apartadó porque consideramos que no son justas
ni están acordes con la realidad de lo que ha hecho la comunidad.
En primer lugar el presidente nos ha acusado
de no hacer declaraciones ante la fiscalía de Apartadó, y que por ellos los
líderes de la comunidad obstruyen la justicia al no facilitar
las investigaciones. Tal apreciación es totalmente injusta
ya que nosotros mismos nos hemos comprometido con la búsqueda
de justicia y de hecho uno de nuestros principios es rechazar la
impunidad. Queremos hacer un rápido recuento de las acciones
que hemos emprendido para que haya justicia en las acciones de
muerte, terror y horror a las que hemos sido sometidos desde el
comienzo del proceso: la comunidad buscó y realizó declaraciones
ante la Procuraduría, la Fiscalía, la Defensoría
del Pueblo, todos ellos organismos de control del Estado colombiano.
Después de la masacre del año 2000 en la que asesinaron
a seis de nuestros líderes, la comunidad recibe medidas
provisionales por parte de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos a petición de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos de la OEA. A petición de la comunidad
y en una concertación con el Estado se creó una comisión
especial de investigación conformada por fiscalía,
procuraduría, defensoría, vicepresidencia y como
observadora la oficina de derechos humanos de la ONU; esta comisión
tuvo toda la colaboración de la comunidad y para sus investigaciones
se aportaron más de 100 testimonios. Sin embargo, a raíz
del bloqueo impuesto en contra de la comunidad y el asesinato de
más de 20 personas por parte de los paramilitares en apoyo
con los militares en el 2002 decidimos no dar más declaraciones
ya que fuimos testigos de cómo varias de las personas que
habían dado testimonio habían sido asesinadas y a
pesar de todo el esfuerzo de la comunidad las investigaciones no
avanzaban en nada. Al final del año 2002, en reunión
con el señor vicepresidente Francisco Santos, solicitamos
una evaluación del trabajo de la Comisión de Investigación
para mirar por qué no se ha hecho justicia en estas atrocidades
cometidas contra la población civil de San José;
hasta el día de hoy no hemos tenido respuesta frente a nuestra
solicitud y por ello volvimos a proponer la evaluación en
reunión con el estado el 28 de febrero de 2004. De la misma
manera a finales del año 2003, siempre en la búsqueda
de superar la impunidad, colocamos una demanda ante el Fiscal General
por crímenes de lesa Humanidad; allí se recogieron
la mayoría de los casos ocurridos contra la comunidad pero
aún no hay una respuesta clara sobre el tránsito
de dicha demanda.
Con ese mismo ánimo el padre Javier Giraldo ha interpuesto
seis derechos de petición en los cuales se han enumerado
las violaciones de derechos humanos que se han cometido contra
la comunidad por parte de miembros de la fuerza pública.
En ese contexto de ataques constantes,
hemos buscado siempre la interlocución con el Estado. Desde hace dos meses se quedó de
celebrar una reunión con el estado en el marco de las medidas
cautelares en donde supuestamente se trataría este tema
de la comisión de evaluación, y donde exigíamos
una respuesta clara en lo referente a la demanda que colocamos;
sin embargo la vicepresidencia canceló cada fecha y la reunión
no se ha realizado hasta el día de hoy.
Creemos que lo anterior muestran que las
imputaciones hechas por el presidente Uribe son injustas y que
el problema no ha sido simplemente
el que la comunidad no declare. Hay un problema más grave:
la estructura de impunidad que reina en nuestro país. Pero
además se nos acusa de no dejar entrar la fiscalía
u otra institución del Estado. Siempre hemos planteado,
y seguiremos fieles a estos principios sabiendo las consecuencias,
que no aceptamos a ningún actor armado (incluyendo la fuerza
pública) en los lugares donde vivimos o trabajamos; siempre
hemos exigido la presencia permanente de defensoría, de
procuraduría, hemos tenido reuniones con el estado, con
la Vicepresidencia, la defensoría del Pueblo, procuraduría,
fiscalía, alcaldía, personería en el mes de
abril, y se han programado dichas reuniones cada dos meses en San
José, por ello no podemos entendemos ni aceptamos esta acusación.
De igual manera se acusa a San José de ser corredor de
la guerrilla, cuando hemos sido víctimas de todos los actores
armados. San José es un caserío de menos de 200 metros
cuadrados y desde 1997 ha tenido presencia permanente a del ejército
a los alrededores del caserío, retenes constantes entre
Apartadó y San José; a veces se han contado siete
retenes en tan sólo 12 kilómetros. Afirmamos categóricamente:
no somos corredor de ningún actor armado, y menos de la
guerrilla. Injustamente hemos sido acusados por el ejercito de
ser corredor de ellos debido a nuestra total neutralidad y no estar
con ningún actor armado.
Así mismo se ha acusado al acompañamiento internacional
de impedir la entrada del estado en especial de la fiscalía,
afirmación totalmente ajena a la realidad. La labor de este
acompañamiento siempre ha sido de observadores de nuestro
caminar, su labor ha sido humanitaria, de estar junto con las víctimas.
Esta es una opción de solidaridad que cualquier persona
del mundo puede asumir frente a una comunidad tan victimizada como
la nuestra; ellos han sido testigos de los atropellos que hemos
vivido pero jamás han dicho o hecho tales acciones ya que
comparten con nosotros nuestros principios de paz y de no estar
con ningún actor armado.
Por otro lado es importante aclarar que
nuestras opciones por la vida no son decisiones de unos líderes como se intenta
colocar sino la vivencia y el compromiso de toda una comunidad
que resiste pacíficamente en medio de la guerra.
Creemos que el señor presidente debería mirar con
mayor detenimiento los derechos de petición que le hemos
hecho llegar, debería mirar la realidad de nuestro proceso
y se daría cuenta de que las alternativas de la Comunidad
de Paz de San José son opciones claras y contundentes diferentes
a la guerra, a cualquier actor armado, opciones por la paz, opciones
de solidaridad. En lugar de recibir estas acusaciones por parte
del estado deberíamos tener su respeto, la garantía
de nuestros derechos, se debería animar a otras experiencias
de campesinos en estas búsquedas reales de paz, de crear
espacios diferentes. Tristemente vemos que nuevamente somos estigmatizados
y atacados pero será la humanidad y la historia la que realmente
muestren la verdad de las víctimas y la verdad de este proceso
que siempre ha estado comprometido con la lucha contra la impunidad.
Nos han dicho que los líderes pueden ser encarcelados por
el DAS o por la policía, sin embargo asumimos nuestros principios
y no podemos ceder ante la injusticia. Permaneceremos firmes en
lo que creemos. Pedimos con urgencia solidaridad para que nuestro
proceso no sea destruido, para que nuestros líderes no sean
encarcelados, para que se respete nuestro proceso. Sabemos que
nuestra resistencia civil no es sólo producto de nuestra
comunidad, es producto de la solidaridad nacional e internacional
y a ella acudimos en estos momentos tan difíciles, sabemos
que la historia, la humanidad están con el caminar justo
de las víctimas y con estos procesos alternativos de búsqueda
de paz, de justicia de no impunidad en donde no hacemos ni haremos
el juego a ningún actor armado.
COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSE DE APARTADO
Mayo 28 de 2004
©2004
Fellowship of Reconciliation
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